De: Xulio Ríos
El Estado de derecho asoma
en China con una nueva impronta. Claro está que no es la primera vez que esto
ocurre y está por ver que se dote de auténtico contenido.
A priori, su invocación como asunto central de la sesión de otoño del Comité
Central del Partido Comunista Chino (PCCh) podría mostrarnos un sincero afán de
las autoridades por poner coto al abuso de poder, la injusticia, la
arbitrariedad y la ausencia de moralidad.
Podríamos interpretar esta apuesta como un nuevo intento de orientar el rumbo
de un régimen postotalitario interponiendo diques contra una evolución más
nacionalista y populista, cuya significación estratégica y económica constituye
un obstáculo creciente para el avance de la democracia y el derecho.
En tal sentido, las invocaciones formuladas por Xi Jinping en 2012 con motivo
del trigésimo aniversario de la vigente Constitución china, a favor de la
construcción de un país regido por la ley, retumban ahora, dos años después,
con el propósito de avanzar en su concreción.
Pero el compromiso auspiciado por el PCCh, señalado como un nuevo episodio de
su acción políticamente modernizadora, pudiera no tener tanto que ver con la
significación de dicho concepto en nuestro entorno, indisolublemente asociado
al reconocimiento de derechos y libertades recogidos en la Constitución; y más
con la actualización histórica de aquella doctrina legista que marcó breve pero
intensamente la historia china.
