Myanmar militariza la zona de la que huyeron los rohingya perseguidos
Amnistía Internacional denuncia la ocupación
de tierras de los rohingya por parte del Ejército birmano
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Singapur 12
MAR 2018 - 14:18 ART
Una mujer camina en uno de los
campos de refugiados de rohingyas al sur de Bangladésh, en febrero de
2018. REUTERS
Myanmar ha
aumentado de forma “dramática” la militarización del Estado de Rakhine (oeste
del país), del que desde el pasado agosto han huido más de 670.000 rohingyas
debido a una campaña de persecución inédita por parte del Ejército
birmano. Según un informe de Amnistía Internacional (AI)
hecho público este lunes, bases militares, helipuertos y carreteras han sido
construidos en la zona de procedencia de la minoría musulmana, lo que plantea
todavía más dudas sobre la viabilidad de un plan de repatriación que
debería haber comenzado el pasado enero.
Las demoliciones de
poblados y los desahucios de rohingyas que aún están en Rakhine —se calcula que
antes de agosto vivían cerca de un millón— para dar espacio
a las nuevas construcciones se han multiplicado desde comienzos de año, indica
AI. Llamado Rehaciendo Rakhine y
elaborado a través del análisis de imágenes obtenidas por satélite, fotografías,
vídeos y entrevistas con rohingyas en Myanmar y en el vecino Bangladésh, adonde
huyen, el informe asegura que el paisaje de dicho Estado occidental birmano,
con no solo casas, sino también árboles y vegetación arrasados, es “irreconocible”
en contraste con hace unos meses.
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Según el informe de esta
organización, que va en línea coninvestigaciones previas de Human Rights Watch, imágenes por satélite confirman la construcción de al menos tres
bases militares en el norte de Rakhine. Las mismas también muestran cómo los
nuevos centros de refugiados, en principio construidos para alojar a los
rohingya que regresen de Bangladésh, aparecen cercados y vigilados por fuertes
contingentes militares. “Esto hace que el retorno voluntario, seguro y digno de
los refugiados rohingya sea una perspectiva aún más lejana. No solo se han
destruido sus casas, sino que las nuevas construcciones deshumanizan aún más la
discriminación que ya padecían”, subraya Hassan.
“Las autoridades de
Myanmar (antigua Birmania) están destruyendo pruebas de crímenes de lesa
humanidad, haciendo extremadamente difícil cualquier intento de hacer que los
culpables respondan por sus actos”, señala Tirana Hassan, de AI.
El pasado miércoles,
el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein,
elevó el tono contra los ataques sistemáticos que padecen los rohingya en
Myanmar, asegurando tener “fuertes sospechas” de que se trata de “actos de
genocidio”. La operación contra los rohingya, a quienes Myanmar, de mayoría
budista, considera inmigrantes ilegales bangladesíes pese a llevar siglos
viviendo en Rakhine (llamado antiguamente Arakan), comenzó el
25 de agosto de 2017, a raíz de varios ataques del Ejército de Salvación
Rohingya de Arakan (ARSA) contra puestos de seguridad en Rakhine. En respuesta,
el Ejército birmano —el Tatmada— inició una
campaña de magnitud sin precedentes contra los rohingya, que incluye la quema
de más de 350 aldeas, violaciones grupales y un número incierto de asesinatos de hombres,
mujeres y niños.
En solo un
mes, alrededor de medio millón de rohingyas cruzaban azarosamente la
frontera con Bangladésh, donde viven repartidos entre campos de
refugiados provisionales y otros dos permanentes que se encuentran saturados.
Se estima que el total de refugiados en Cox’s Bazar, el distrito bangladesí
lindante con Myanmar al que llegan, ronde el millón, si se suman los alrededor
de 300.000 que ya vivían allí debido a olas de violencia anteriores.
En un discurso
frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Zeid aseguró que los rohingya
aún huyen de Myanmar porque la violencia “sistemática”, aunque de menor
intensidad, persiste. Mohammad Rafique, rohingya que colabora con varias ONG y
medios desde Cox’s Bazar, afirma que el flujo de refugiados ha disminuido, pero
continúa. “Solamente hoy han llegado 51, que aún se encuentran en los puestos
de control fronterizos y que serán transferidos a un campamento temporal en
Teknaf [Cox’s Bazar]”, advierte.
Repatriación lejana
La incierta
situación en Rakhine dificulta aún más los planes de repatriación de los
rohingya huidos desde agosto que Bangladésh y Myanmar acordaron el pasado noviembre, y
que en principio deberían haber comenzado en enero de este año. “Lo que estamos
viendo en Rakhine es una ocupación de tierras por parte del Ejército a una
escala dramática. En ellas se están construyendo centros para alojar a las
mismas fuerzas de seguridad que han cometido crímenes de lesa humanidad contra
los rohingya”, apunta Hassan, de AI.
El
plan de repatriación, aplazado por el momento, encaja con una hoja de ruta de
tres pasos planteada por China, el mayor socio comercial de Myanmar y
Bangladésh. El último paso de la iniciativa de Pekín, que invierte en proyectos
de distinta índole en Rakhine, es dar con una solución a largo plazo basada en
desarrollar el Estado, uno de los más depauperados del país. Myanmar, que impide la entrada en Rakhine de
investigadores independientes de la ONU u organizaciones de derechos humanos,
ha defendido en el pasado que su necesidad de reforzar la seguridad e invertir
en infraestructura en dicha zona responde a
