domingo, 26 de agosto de 2018

LA MIRADA DEL CORRESPONSAL



Ciudadanos cuyos nombres quedaron fuera del censo se reúnen en el distrito de Barpeta en Assam. STREFE

Cuatro millones de ciudadanos podrían ser deportados por las autoridades
Miedo a ser apátrida de la noche a la mañana. Miedo a ser llevado a un
 campo de detención. Miedo a ser deportado. Miedo a una solución
desconocida. La minoría musulmana residente en el estado de Assam,
al noreste de India, teme ser el objetivo de una operación que busca
expulsar del país a los inmigrantes que viven en aquella región
de forma ilegal. Las autoridades quieren clarificar quién merece
 la ciudadanía india y quién no. Una lista con millones de nombres
 tiene la respuesta.
Después de que el gobierno de Assam, un estado con 33 millones de
 habitantes que colinda con Bután y Bangladesh, publicara el
borrador final de una lista que aprueba la identidad de sus residentes,
crece la intranquilidad entre quienes no aparecen en ella. Y la fecha límite
para entrar en la lista se acerca. 29 millones de nombres han recibido el
 visto bueno, pero los cuatro restantes, por ahora excluidos,
pueden perder sus derechos de ciudadanía; tienen hasta
 septiembre para reclamarlos presentando documentos que demuestren
que ellos o sus predecesores tienen raíces autóctonas previas a marzo de 1971. "Ningún ciudadano indio genuino debe de tener miedo",
apuntó el registrador general.
La frontera de 4.000 kilómetros entre India y Bangladesh,
 una línea antaño borrosa y ahora vallada con alambre de espino,
 ha sido escenario de migraciones durante siglos. A partir de 1971
cientos de miles de bangladesíes cruzaron la linde huyendo de una cruenta
 guerra en la que el país del Golfo de Bengala se separó de Pakistán.
Muchos se asentaron en Assam, pero allí se han ido encendiendo
constantes tensiones entre nativos y foráneos por
 motivos religiosos, étnicos o laborales o por disputas sobre la
 propiedad de la tierra. El peor episodio se vivió en 1983, cuando un
 pogromo en aldeas de inmigrantes musulmanes dejó al menos
 2.000 muertos a golpe de machete. Desde entonces la población local,
 de mayoría hindú, achaca el crecimiento de la comunidad musulmana
a la llegada persistente de extranjeros sin documentos.
El proceso de revisar los antecedentes de todos los residentes de Assam
 empezó hace varios años y cuenta con la supervisión del Tribunal Supremo.
En diciembre se publicó un primer borrador que ya hizo saltar las alarmas
entre las minorías, temerosas de acabar en alguno de los seis campos de detención construidos para gestionar la deportación de quienes sean considerados ilegales. En la actualidad hay un millar de personas encerradas en esos centros.
"Aunque nos han dicho que podemos presentar [las pruebas] otra vez,
 estamos preocupados por nuestro futuro", dijo a Reuters Nur Banu,
una mujer de 45 años que no encontró en la lista a ninguno de sus
seis familiares. En el último año se han documentado varios suicidios de individuos que no vieron su nombre en los borradores provisionales.
 Se han dado también casos de familias divididas: hijos que aparecen en
listados en los que no están sus padres.
El problema básico de muchos de ellos es que no conservan documentos
tan antiguos o sólo poseen escritos a mano. No tienen forma de 
demostrar su origen, algo que podría ocurrirle a ciudadanos indios
a lo largo y ancho de un país donde los registros oficiales, las pruebas de
 identidad y los censos son cuestionables. También los índices de
analfabetismo.
"Haber nacido en India no te convierte en ciudadano indio.
Esa gente puede ser expulsada si no prueba que ha estado aquí durante generaciones", afirma a EL MUNDO el analista Abhijit Iyer-Mitra.
El experto del Instituto de Estudios de Paz y Conflicto cree que este
asunto es "una amenaza muy seria" porque se está dando la vuelta
a un principio básico: "Ahora el acusado es culpable desde el principio
 y debe probar su inocencia, esto traerá consecuencias muy dramáticas
en Assam".
El ministro del Interior, Rajnath Singh, del partido hinduista BJP,
pide que no se desate un "pánico innecesario" porque ha ordenado
que no se realicen deportaciones basadas en la última lista publicada.
Su colega de formación y jefe de gobierno de Assam, Sarbananda Sonowal,
ha asegurado que ninguno de los cuatro millones de excluidos será enviado
 a un campo de detención. Pero el mismo Sonowal en enero ya adelantó
que las personas que no figuren en la lista definitiva, prevista para finales
 de año, perderán sus derechos constitucionales. El responsable de finanzas
 de su gabinete añadió, por si había dudas, que "todos aquellos cuyos nombres no figuren en la lista tendrán que ser deportados".
Las organizaciones de derechos humanos denuncian los paralelismos que
 existen entre el proceso que vive Assam y la negación a la ciudadanía
 que sufrieron los rohingyas en Birmania en 1982. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han mostrado además su preocupación ante
posibles detenciones arbitrarias y ante la creación masiva de personas apátridas que difícilmente podrán ser deportadas a Bangladesh,
país que no las reconoce.
El investigador Niranjan Sahoo, especializado en políticas públicas y
 exclusión social, cree que este es un problema "muy politizado" que
el BJP usa con fines electorales, que podría agravarse si prospera una
 enmienda a la ley nacional de ciudadanía. La reforma, aún por aprobarse,
tiene el objetivo de diferenciar qué migrantes pueden llegar a
 ser ciudadanos indios según la religión que profesen:
pretende aceptar a las minorías religiosas que sean perseguidas en sus
países de origen, siempre que no sean comunidades musulmanas.
 "Es una idea muy discriminatoria que espero que acabe tumbando el Tribunal Supremo", afirma Sahoo a este diario.